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La Plataforma PXCC se convierte en una asociación.

Plataforma por la Custodia Compartida esta trabajando para convertirse en una Asociación, para poder ayudar a las victimas por la discriminación machista y Femihembrista que tenemos en España. Por un cambio en la LIVG, por una igualdad única y efectiva, por una igualdad Real.

lunes, 21 de noviembre de 2011

Projusticia. Especial informativo. Denuncias falsas y presuntos culpables. 05-05

Projusticia. Especial informativo. Denuncias falsas y presuntos culpables. 05-05

Vídeo sobre las Denuncias Falsas por malos tratos
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20N

La Fiscalía pide "huir de la tentación" de modificar la Ley Integral contra la violencia de género

Montalbán y Lorente piden que no se recorten las ayudas a mujeres maltratadas a cuenta de la crisis económica

   MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
   La Fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer, Soledad Cazorla, ha instado a "huir de la tentación" de modificar la Ley de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género en la próxima legislatura ya que, a su juicio, "eso sería improvisar, no valorar el texto normativo y no dejar que de sus frutos".
   Cazorla ha intervenido junto al delegado del Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente; y la presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, Inmaculada Montalbán; en la conferencia inaugural del IV Congreso del citado Observatorio, que se celebra estos días en el Senado y que, en esta ocasión, se centra en la valoración del riesgo de las víctimas y los retos a futuro de la lucha contra esta lacra social.
   Para la 'superfiscal' anti violencia machista, no es conveniente emprender una reforma de la Ley Integral en la próxima Legislatura porque "lleva poco más de un lustro" en vigor y cambiarla impediría que la norma diera "frutos que requieren tiempo y esfuerzo", ya que, según ha dicho, "no es fácil educar a una juventud ni es fácil reeducar a una sociedad".
   Citando "una frase antigua", Cazorla ha afirmado que "toda disposición legal no alcanza el apogeo de su fuerza sino cuando perdura y por el contrario, si se suceden y reemplazan frecuentemente, pierden a la par del respeto que se les debe, su fuerza y autoridad", para incidir en que no se debe tocar la norma. "Evolucionemos, desarrollemos, no modifiquemos", ha reiterado.    
   Durante su intervención, ha enumerado una serie de medidas que, a su juicio, habría que adoptar en el medio plazo para dar continuidad a la lucha contra la violencia de género, entre las que ha destacado la eliminación del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este precepto permite a las mujeres no declarar contra sus maridos y, actualmente, supone que muchas víctimas de violencia de género eviten testificar contra su agresor, que sale por ello absuelto. "Esto va contra las mujeres", ha sentenciado.
   Asimismo, se ha referido a los medios telemáticos de cumplimiento de penas y medidas de protección. "Ojo con las pulseritas y con que se vayan quitando las pulseritas", ha señalado la Fiscal de Sala, para incidir en que aunque no hayan quebrantado la zona de exclusión, si un agresor se quita el brazalete, estará incurriendo en "algún hecho delictivo" y ese hecho debe tener una respuesta.
   Por otra parte, Cazorla se ha referido a otra situación "recurrente" de los procedimientos por violencia de género, que es "la renuncia a las indemnizaciones". "Aquí habrá que hacer algo para que no veas que lo primero que hacen las víctimas es renunciar a las indemnizaciones. Algo habrá que hacer porque hay una indemnización económica a la que tienen derecho y sobre todo una reparación moral que hay obligación de darles", ha señalado.

CONTRA LOS RECORTES A LAS AYUDAS

   De parte del Observatorio, Montalbán ha centrado los retos de futuro en la sensibilización social y el derribo de mitos como el de las denuncias falsas o la relación entre violencia y alcohol, y la educación, interviniendo en el aprendizaje de jóvenes y adolescentes para evitar que reproduzcan conductas machistas.
   "Vivimos una sociedad que está mucho más concienciada con este problema. Las campañas de rechazo de los comportamientos violentos y de información a las mujeres han de mantenerse, como lluvia fina que asienta nuestros valores constitucionales", ha destacado la presidenta del Observatorio.
   Además, ha expresado su preocupación por el "escenario de recortes" a cuenta de la crisis económica  para incidir en que también deben mantenerse las ayudas económicas y sociales a víctimas de violencia machista ya que la crisis, a su juicio, no puede pagarse "a costa de las mujeres".
   "Me preocupa que pueda afectar a la lucha contra la violencia de género. Somos conscientes de la compleja y difícil situación económica por la que atravesamos, pero los recortes no pueden ser a costa de un deterioro de la asistencia a las víctimas y de la prevención de la violencia de género", ha señalado, para incidir en que estas ayudas son la herramienta para que "rompan la ligazón" con el agresor.
   Sobre este asunto, Lorente ha pedido que "en tiempo de crisis no se hipoteque la convivencia". "No podemos hipotecar o supeditar determinadas actuaciones y políticas que generan convivencia, cohesión y confianza, para alcanzar atajos que al final acabarán en resultados probablemente más negativos, ya que todavía hay una clara resistencia dentro de la sociedad", ha explicado el delegado del Gobierno.
   En su opinión, hay una serie de asuntos sobre los que hay que investigar para seguir profundizando en la lucha contra la violencia de género, como la tasa de denuncias, que "debería ser muy similar" en todas las comunidades autónomas puesto que "la violencia es la misma" y las circunstancias que la agravan también lo son y, sin embargo, "hay muchas diferencias".
   Además, ha llamado la atención sobre el aumento que se ha registrado desde 2007 en el número de mujeres asesinadas que habiendo denunciado y pedido una orden de protección, no habían tenido acceso a la misma. A juicio de Lorente, esto es responsabilidad de todos los agentes que intervienen en el proceso de valoración del riesgo, algo en lo que, según ha dicho, "hay que mejorar" porque la respuesta judicial ante un informe u otro "es muy diferente".

El gobernador firmará hoy el proyecto de custodia compartida La pieza no es vista como una solución automática

El gobernador firmará hoy el proyecto de custodia compartida

La pieza no es vista como una solución automática
 
La medida que se firmará hoy establece la custodia compartida como política pública del Gobierno. (Thinkstock)
Por Joanisabel González /joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com
Luego de más de diez años de intentos y controversias, el gobernador Luis Fortuño convertirá en ley el proyecto de custodia compartida.
La pieza, empero, no necesariamente será una solución automática para miles de personas que terminan sus relaciones afectivas y tampoco trastocará significativamente la forma en que los tribunales administran la justicia en lo que atañe a asuntos familiares.
De acuerdo con el sicólogo escolar, José Aquino, la custodia compartida es factible, pero subrayó que su efectividad depende de que la madre y el padre estén en una posición sicológica, emocional y hasta económica hábil para cumplir cabalmente con la crianza de la prole.
“Esto (la custodia compartida) no es una situación para todas las familias porque cada relación terminó en parámetros totalmente distintos”, explicó el profesional con unos doce años de experiencia.
Dijo que resultaría “ilógico” esperar que la pieza pueda ser la respuesta para asegurar el mejor bienestar de todos los menores, de la misma forma en que tampoco puede concluirse que personas con el mismo diagnóstico puedan recuperarse con igual tratamiento.
“No puedes obligar a una familia a aceptar la custodia compartida”, agregó el sicólogo, quien frecuentemente lidia con los efectos del rompimiento de relaciones de pareja, particularmente con el impacto en los menores.
“Tendría que haber buenos términos, compromiso real de la madre y el padre, comunicación y compromisos específicos para que pueda funcionar”, insistió Aquino.
Agregó que, en muchas rupturas, el bienestar del menor queda opacado por el rencor y el dolor, en especial, cuando las partes deciden tener otras parejas.
Sin problemas judiciales
Por su parte, el profesor de Derecho, Fernando Torres, sostuvo que la ley no trastocará significativamente la dinámica en cómo se atienden casos de Relaciones de Familia a nivel judicial.
Explicó que se requerirán adiestramientos a oficiales de la rama judicial y a los jueces, al igual que para quienes practican la abogacía. Además, se modificarían los currículos en las universidades dedicadas a la formación de abogados, entre otras profesiones, para recoger la nueva legislación.
La medida establece la custodia compartida como política pública del Gobierno y, como tal, el Tribunal partirá de la premisa de que la madre y el padre, o quienes interesen el cuidado del menor, están capacitados para asegurar su bienestar.
De no ser ese el caso, según Toro, la parte que objete la custodia compartida tendrá que presentar evidencia de por qué no procede el arreglo preferencial dispuesto por el Estado.
Eso, agregó, supone determinar la viabilidad de la custodia compartida a la luz de la jurisprudencia establecida. En ese ejercicio se examinan aspectos como características del menor y los padres o litigantes del proceso, cómo se satisfarán las necesidades afectivas, económicas y morales, el ajuste del menor, y su relación con terceros en el ámbito familiar, entre otros aspectos.
“Siempre que se habla de las premisas que dan paso a las leyes se piensa en el escenario idóneo. Trágicamente, sabemos que (las madres y los padres) no siempre cumplen con sus responsabilidades”, sostuvo Torres.
Todo un evento la firma de la medida
Líderes comunitarios y religiosos podrán atestiguar hoy, en La Fortaleza, a partir de las 10 a.m., la firma de la ley de custodia compartida, indicó su proponente, el senador Carmelo Ríos.
“Estoy bien contento”, dijo Ríos, al subrayar que el tema de custodia compartida ha pululado por la Casa de las Leyes por diez u once años.
Insistió en que la pieza se enriqueció durante el proceso de vistas públicas y que “no está cargada” para ningún lado y tampoco quita o limita la discreción de la judicatura para asegurarse del bienestar del menor. “Es una revolución grandísima del derecho de Familia en Puerto Rico”.
La medida, según Ríos, no intenta trastocar las pensiones alimentarias, aunque sus guías están obsoletas. En cambio, la disposición ahorrará años de trámites judiciales por divorcio en los tribunales.