El gobernador firmará hoy el proyecto de custodia compartida
La pieza no es vista como una solución automática
Por Joanisabel González /joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com
Luego de más de diez años de intentos y controversias, el gobernador Luis Fortuño convertirá en ley el proyecto de custodia compartida.
La pieza, empero, no necesariamente será una solución automática para miles de personas que terminan sus relaciones afectivas y tampoco trastocará significativamente la forma en que los tribunales administran la justicia en lo que atañe a asuntos familiares.
De acuerdo con el sicólogo escolar, José Aquino, la custodia compartida es factible, pero subrayó que su efectividad depende de que la madre y el padre estén en una posición sicológica, emocional y hasta económica hábil para cumplir cabalmente con la crianza de la prole.
“Esto (la custodia compartida) no es una situación para todas las familias porque cada relación terminó en parámetros totalmente distintos”, explicó el profesional con unos doce años de experiencia.
Dijo que resultaría “ilógico” esperar que la pieza pueda ser la respuesta para asegurar el mejor bienestar de todos los menores, de la misma forma en que tampoco puede concluirse que personas con el mismo diagnóstico puedan recuperarse con igual tratamiento.
“No puedes obligar a una familia a aceptar la custodia compartida”, agregó el sicólogo, quien frecuentemente lidia con los efectos del rompimiento de relaciones de pareja, particularmente con el impacto en los menores.
“Tendría que haber buenos términos, compromiso real de la madre y el padre, comunicación y compromisos específicos para que pueda funcionar”, insistió Aquino.
Agregó que, en muchas rupturas, el bienestar del menor queda opacado por el rencor y el dolor, en especial, cuando las partes deciden tener otras parejas.
Sin problemas judiciales
Por su parte, el profesor de Derecho, Fernando Torres, sostuvo que la ley no trastocará significativamente la dinámica en cómo se atienden casos de Relaciones de Familia a nivel judicial.
Explicó que se requerirán adiestramientos a oficiales de la rama judicial y a los jueces, al igual que para quienes practican la abogacía. Además, se modificarían los currículos en las universidades dedicadas a la formación de abogados, entre otras profesiones, para recoger la nueva legislación.
La medida establece la custodia compartida como política pública del Gobierno y, como tal, el Tribunal partirá de la premisa de que la madre y el padre, o quienes interesen el cuidado del menor, están capacitados para asegurar su bienestar.
De no ser ese el caso, según Toro, la parte que objete la custodia compartida tendrá que presentar evidencia de por qué no procede el arreglo preferencial dispuesto por el Estado.
Eso, agregó, supone determinar la viabilidad de la custodia compartida a la luz de la jurisprudencia establecida. En ese ejercicio se examinan aspectos como características del menor y los padres o litigantes del proceso, cómo se satisfarán las necesidades afectivas, económicas y morales, el ajuste del menor, y su relación con terceros en el ámbito familiar, entre otros aspectos.
“Siempre que se habla de las premisas que dan paso a las leyes se piensa en el escenario idóneo. Trágicamente, sabemos que (las madres y los padres) no siempre cumplen con sus responsabilidades”, sostuvo Torres.
Todo un evento la firma de la medida
Líderes comunitarios y religiosos podrán atestiguar hoy, en La Fortaleza, a partir de las 10 a.m., la firma de la ley de custodia compartida, indicó su proponente, el senador Carmelo Ríos.
“Estoy bien contento”, dijo Ríos, al subrayar que el tema de custodia compartida ha pululado por la Casa de las Leyes por diez u once años.
Insistió en que la pieza se enriqueció durante el proceso de vistas públicas y que “no está cargada” para ningún lado y tampoco quita o limita la discreción de la judicatura para asegurarse del bienestar del menor. “Es una revolución grandísima del derecho de Familia en Puerto Rico”.
La medida, según Ríos, no intenta trastocar las pensiones alimentarias, aunque sus guías están obsoletas. En cambio, la disposición ahorrará años de trámites judiciales por divorcio en los tribunales.
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